IV Congresso da CiberSociedade. Crise analógica, futuro digital

Grupo de Trabalho C-20: Recursos socio-técnicos para la participación política

La governanza electronica. Una Forma de fortalecer los derechos del ciudadano

Resumo

En casi todo el mundo se habla de e-gobierno. Algunos países han comenzado a desarrollar esta nueva modalidad, especialmente en lo que hace a la provisión de información y servicios a los ciudadanos, y otros se encuentran realizando los primeros estudios. En muchos países, los distintos niveles de gobierno han ido asimilando, con distintos ritmos y distintos grados, el uso de las TIC; y, lo que es más importante, la idea de que su aplicación es fuente de externalidades positivas y nuevas oportunidades.

Texto da comunicação

El término "gobernanza electrónica" (e-governance) se refiere a la forma en que opera y se organizan la sociedad y el Estado para asegurar la participación en la red de información a los ciudadanos y las organizaciones.

Con un sentido más restringido, se suele definir al término "gobierno electrónico" (e-government) diciendo que es el uso de las TIC para mejorar las actividades y prestaciones de las organizaciones del sector público en tres dominios principales:

  • Procesos gubernamentales

  • Interacción con la ciudadanía: y

  • Vínculos de diferente naturaleza con las empresas y otras organizaciones.

El concepto gobierno electrónico suele ser  descompuesto en sus distintas dimensiones, como democracia electrónica, adquisición electrónica, etc. Lo más importante es ver cómo a través de él se puede fortalecer la condición del ciudadano.

1. La participación del ciudadano en la gestión pública

La concepción actual del término  ciudadano abarca el espacio que media  “entre el principio de igualdad y la consideración del individuo como miembro pleno de una colectividad expresada mediante el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales”. Por eso, “la ciudadanía ya no se agota en los derechos cívicos, económicos y sociales” (Sur, 2001: 5).

La debilidad del sistema de partidos  contribuye a que se enfatice la importancia de los diputados uninominales en desmedro de los plurinominales. Los primeros son personas con prestigio en sus circunscripciones, que buscan satisfacer los deseos e intereses de sus electores. Pero, el servir a la localidad, puede transformarse en una forma patológica de intentar servir a todos. Una cosa es el pueblo en su conjunto y otra una suma de “pequeños pueblos fragmentados y cerrados en sus pequeños horizontes” (Sartori, 1998: 113).

 Los representantes plurinominales son a menudo mecenas de los partidos o gente con influencia. Sin embargo, cuando el sistema político funciona con eficacia, los plurinominales deberían ser los cuadros del partido encargados de difundir la ideología, reclutar adeptos, y de elaborar  e implementar la estrategia.

La mayor complejidad de los asuntos exige conocimientos especializados, y esto dificulta la participación del ciudadano en las decisiones. En países con distintos niveles de desarrollo, se ha constatado “que la mayor parte del público no sabe casi nada de los problemas públicos” (Sartori, 1998: 124). A pesar de todo, la  hoy vilipendiada democracia representativa  ha funcionado eficazmente porque en ella el pueblo no toma decisiones, sino que se limita a elegir a quienes deben tomarlas.

 Cuando hay debilidad  en el  sistema de partidos,  hay debilidad en poder del  pueblo, y quienes “aconsejan a bombo y platillo nuevos mecanismos de consenso e intervención directa de los ciudadanos en las cuestiones de gobierno […] callan como momias ante las premisas del discurso, es decir, sobre lo que los ciudadanos saben o no saben de las cuestiones sobre las cuales deberían decidir” (Sartori, 1998: 128).

Algunos autores consideran que el plebiscito y el referéndum son términos con idéntico significado. La posición contraria es sostenida por autores tan prestigiosos como Biscaretti di Ruffia y  K. Loewenstein1, quienes  han puesto de manifiesto que la denominación “plebiscito” se refiere a  cuestiones generalmente de carácter territorial, que no son constitucionales ni legislativas, mientras que el “referéndum” es una manifestación  de aprobación  de un acto normativo2 (Biblioteca Católica Digital).

Los complejos fenómenos que  se suelen cobijar  bajo el manto denominado “globalización” han condenado a vastos sectores sociales a la exclusión o, cuando menos, acentuado su vulnerabilidad. Como consecuencia, en lugar de actores sociales organizados según bases regulares, encontramos movilizaciones esporádicas con acciones fragmentadas y de carácter defensivo. A esto ha contribuido el comportamiento de  los miembros de la clase política orientado preferentemente hacia sus intereses corporativos. Por lo mismo, no se pueden rechazar las críticas a la “democracia delegativa” y detener el avance de otros modos de participación en la toma de decisiones políticas.

Es cierto que la participación de los ciudadanos  se ve dificultada por la complejidad de las materias sobre las cuales se decide y la necesidad de conocimientos especializados, pero ésta  es la única forma de control social sobre el poder público.

2. La gestión participativa

Se llama gestión participativa a la generación de espacios tanto para los funcionarios públicos como para los usuarios para mejorar los servicios y desarrollar la capacidad de responder satisfactoriamente a sus diversas necesidades. (Sur, 2001: 6).

Se trata de algo que complementa, pero no sustituye a la democracia representativa. Algo que consiste  en la intervención de individuos y grupos organizados de la sociedad civil,  que actuando en  las distintas instancias del poder,  influyen  en los  procesos de  toma de las  decisiones que los afectan.

Es decir que, más que responder por sí o por no a una pregunta, los actores acceden a espacios que están  vinculados con sus intereses para hacer llegar sus demandas, participar en las decisiones y en el control de la gestión.

Los ciudadanos en su carácter de usuarios y/o contribuyentes intervienen en la gestión de asuntos directamente vinculados a sus intereses, y sobre los que pueden tener un conocimiento razonable

Para que los espacios abiertos a la participación ciudadana tengan eficacia, se necesitan tres condiciones:

  1. que los ciudadanos gocen de independencia frente al Estado y a los intereses corporativos de los grupos económicos;

  2. que no sean sustituidos por la política partidista; y

  3. que se construyan actores  a partir de las experiencias de organizaciones de base (Sur, 2001: 5).

Además de mejorar la atención de los usuarios de los servicios públicos, la ciudadanía debe recibir información sobre el funcionamiento y los resultados de la gestión pública. Porque los cambios en la forma de operar del aparato del  Estado, no pueden ser sólo el fruto de la acumulación técnica, sino que debe ir acompañado de las demandas  y del impulso político de los ciudadanos organizados.

Ahora bien, el acceso a la información y al consumo,  por parte de los ciudadanos, es insuficiente para hablar de gestión participativa, si éstos no pueden influir en la conducción de su  sociedad.

3. El uso de las TIC en  el  e-gobierno

Por lo expuesto, es importante tener en cuenta que no se trata de adaptar los procedimientos  administrativos existentes a los procesos de automatización, sino de realizar una verdadera reingeniería  sobre la base de un análisis de las necesidades y demandas de los distintos sectores.

Cuadro 1. Principales desafíos y actores del e-gobierno

Fuente: Mario Lungo (2000)

Las relaciones entre los actores y el gobierno son de diverso tipo, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 2.

Cuadro 2.  Relaciones  entre actores mediante el uso de las TIC

Fuente: Elaborado sobre la base del  SOCINFO  (2001)

4. Experiencias internacionales: Estudio de seis  casos

A continuación se resumen las características principales de  seis casos seleccionados, por la  Universidad de Chile (2003).

Cuadro 3.  Distribución de los países  según  la disposición de sus aparatos político-económicos y su nivel de penetración tecnológica

Fuentes: Elaborado tomando como base a datos de  Di Maio (2002)

La estrategia del gobierno de Canadá se basa en una extensa investigación sobre las necesidades de los usuarios. Su objetivo es convertirse en el gobierno más conectado con sus ciudadanos. Su tasa de penetración es de un 58%.

En Australia, el gobierno pretende prestar servicios en línea que vayan más allá de la estructura del gobierno y las barreras jurisdiccionales. Su tasa de penetración alcanza también  al 58%.

El gobierno estadounidense intenta brindar al mejor servicio a los ciudadanos, reducir sus gastos e incrementar la transparencia. Su tasa de penetración es de un 66%.

Noruega es el país líder en Europa. Su tasa de penetración muestra el más alto índice de personas conectadas (63%).

La situación de los países en vías de desarrollo es diferente a la de los ejemplos precitados. México con una penetración del  3.4%, cuenta con un sistema gubernamental de contratación en línea, un portal que permite - entre otras cosas- obtener copias de actas de registro civil certificadas y un servicio de pago de patentes.

El gobierno central del Brasil ha puesto en práctica un sistema de declaraciones juradas y pago de impuestos vía Internet. El estado de Bahía ha implementado un sistema para poner en contacto a las comunidades de escasa disponibilidad en  materia de TIC, y desarrollado programas en el campo de la salud. La penetración alcanza a 8.1%.

5. Conclusiones

 Por lo expuesto,  en materia de gobierno y especialmente en la   gestión de las ciudades, el desafío fundamental consiste en crear un espacio de articulación entre la planificación a nivel nacional y la planificación en  los espacios locales, incorporando los procesos de transnacionalización (Lungo, 2000: 138).

El uso de las TIC en el marco de un modelo de e-gobierno permitirá la incorporación de segmentos sociales que serán incluidos en los beneficios que ofrece esta nueva era. Para ello, es necesario superar obstáculos  como la debilidad institucional, y la falta de recursos materiales y humanos, especialmente los tecnológicos.

NOTAS:

1 Véase P. Biscaretti di Ruffia (1965 ) Derecho Constitucional, Madrid, p. 425 y K. Lowenstein (1986 ) Teoría  de la constitución, Barcelona, pp. 331-333, En   Biblioteca Católica Digital [www.mercaba.org/FICHAS/Capel/plebiscito.htm].

2 K. Lowenstein va más allá cuando dice que, en el caso de que se trate la modificación de las fronteras internas o externas de un Estado, las experiencias que se han hecho permiten afirmar que el plebiscito queda desvalorizado “por el excesivo grado de emoción tanto de la población directamente afectada, como de los Estados que, según el resultado de la votación,  saldrán perdiendo o ganando; por ello sería preferible una asamblea  representativa elegida especialmente para decidir sobre el cambio de la soberanía territorial”.  (Biblioteca Católica Digital).

Bibliografía/Referencias


  • GOBIERNO DE CHILE-UNIVERSIDAD DE CHILE (2003) Gobierno electrónico en Chile: estado del arte. Buenos  Aires. Distribuidor Ciudad Política [www.ciudadpolitica.com]
  • LUNGO, M. (2000) “Ciudad grande, país pequeño: los desafíos de la gestión metropolitana en Centroamérica”. En Repensando la experiencia urbana de América Latina: cuestiones, conceptos y valores.Buenos Aires. CLACSO.
  • SARTORI, G. (1998) Homo videns. La sociedad teledirigida. Madrid. Taurus
  • SOCINFO (2001) Libro verde [www.capus.oei.org/salactsi/libroverde.htm] Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gobierno Federal del Brasil. OEI.
  • SUR (2001) “Participación ciudadana en la gestión pública. Primera parte”. En Temas Sociales N° 41.Santiago. Sur.

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