Democracia y tecnología:

Un trabajo en proceso: las redes urbanas y tecnológicas de los Consejos de Desarrollo  Comunitario

 

 

María Eugenia Esté

Manaure Trujillo

Andrea Daza Tapia

Fundación Tecnohumano

 

 

Resumen

El objeto de esta investigación es comprender el problema de las redes tecnológicas ciudadanas, como procesos de construcción de lugares antropológicos y de ejercicio real de la participación. A la luz de la experiencia de los Consejos de Desarrollo Comunitario del Municipio Sucre de Caracas, la investigación apuesta por demostrar la apropiación sociocultural de un modo de construir públicamente una cultura política distinta, que replantea el esquema tradicional y fuertemente nominalista del ejercicio político institucional venezolano.

 

Abstract

The object of this research is to understand the problem of citizen technological networks, as construction processes of anthropological and real sites for participation. Based on the experience of the Community Development Council of the Sucre Municipality in Caracas, the investigation attempts to demonstrate the sociocultural appropriation of a manner to build a different political culture that re-states the traditional and strongly nominalistic scheme of institutional political exercise in Venezuela.

 

 

 

 

Subiendo el cerro hasta alcanzar un amplio rellano de la empinada escalera, en cuyo costado corre libremente el riachuelo esmeralda y putrefacto de las aguas de desecho está la puerta azul de la casa de Catalina, sin otra nomenclatura distintiva que las grietas y el óxido. Subiendo el cerro sí, pero no tan arriba, donde el barrio escala con habitáculos apenas esbozados a punta de recortes de cartón, madera y lata, donde ni la policía ni la guardia nacional osan siquiera asomar una bota. Pero no tan abajo, porque  lo que Piñerúa y Catalina juntaron, no dio para comprar la casita cerca de la avenida.  

 

 

Arriba y abajo definen una cosmología y una segmentaridad social inversa: los más pobres, desafortunados y excluidos están cerca del cielo, los más asentados y privilegiados están cerca del brocal de la avenida.  El barrio cuelga de un trozo de montaña como un parche rojo ladrillo y gris, y recorre el cerro como un entramado de redes y laberintos fractales de vías, calles, pasadizos y escaleras, con pequeños puntos de corte, centros y encrucijadas formados por las bodegas, los expendios legales e ilegales de licores, las farmacias, las escuelas, las derruidas canchas deportivas y, los otrora existentes parques que alojan ahora bandas de delincuentes y malandros. Como un interestrato se teje la trama de cables de electricidad robada a los postes de alumbrado público y la progresiva reproducción de servicios inalámbricos de televisión y telefonía fija. Dicen los proveedores de servicio que las numerosas y prolongadas cadenas presidenciales han estimulado y acelerado la incorporación de los llamados sectores D y E a la televisión multicanal.  No faltan por supuesto, los estratos semióticos que organizan y recomponen incesantemente  cadenas semióticas diversas, formadas por jergas delincuenciales, discursos políticos e institucionales aprendidos a trompicones o al calor de la supervivencia criolla, reclamos cotidianos respecto a los servicios públicos, existentes o inexistentes, imaginarios vernáculos, publicidad y telenovelas (con sus personajes que han devenido compañeros de la cotidianidad),  etc.

         Si el discurso de las ciencias políticas y sociales se ha liberado de la mera representación jurídica del poder,  de la democracia y el conflicto social, es porque el acontecimiento y la materialidad de las prácticas sociales (y sus construcciones semióticas) han hecho estallar los diques de estos cuerpos discursivos obligándolos a nuevos relevos teóricos. En consecuencia, se produce una evolución del hacer democrático, un aprendizaje  mayormente  doloroso, de la práctica democrática. El baremo evaluativo de la  legitimidad del Estado moderno y de la democracia, desborda hoy los estrechos márgenes de la representatividad política basada en el voto popular y en las elecciones libres. El baremo se funda ahora en una gama diversa de consideraciones, incluso de apariencia contradictoria, que incluye la doctrina de los derechos humanos, la codificación y mediación, institucional o no,  de la conflictividad social, el reconocimiento y la tolerancia de las diferencias culturales, étnicas, religiosas y políticas, la incorporación de los excluidos, la opinión pública, la libertad de expresión y la eficacia gestora del aparato político como mecanismo autorregulado de aumento de bienes y servicios para el disfrute de la población. 

 

“Hasta luego Piñerúa. Quedaron arepas sobre la mesa”, repite Catalina a su somnoliento marido con entonación de letanía y un suspiro que ataja el deseo de  arremeter contra él,  a quien desde hace dos años conserva y mantiene, en el estricto sentido económico de la palabra. Lleva consigo la cartera, el bolso con el uniforme de limpieza, el catálogo de ropa importada que su compadre, funcionario de la aduana de Puerto Cabello, le consigue a precios de ganga para compensar la ausencia de Piñerúa en el ingreso familiar.  Sus tres hijos, María Angélica, Hiraldi y Yobaldí Junior, bajan la escalera con ella.  Lleva la  esperanza de que alguna vecina pueda cuidarlos ese día. Hay huelga de maestros y el gobierno revolucionario bolivariano decidió cerrar definitivamente los hogares de cuidado diario, como parte de la tácita tradición administrativa de reinventar el agua tibia y descontinuar los programas del gobierno anterior.

 

Al calor de la oposición democracia representativa/democracia directa que ha corrido paralela a la oposición capitalismo/socialismo, se produce la emergencia de nuevas figuras de subjetividad política y una individualización de las referencias que reclaman su participación en el ejercicio del poder, agujereado definitivamente en su representación jurídica y comprendido en su dimensión múltiple de práctica social.  Luego de décadas de movimientos feministas, transexuales, indigenistas, carcelarios, etnicismos de todo tipo, querellas lingüísticas, organizaciones de consumidores, deudores, usuarios, discapacitados, etc., terminamos por acudir al clásico término de ciudadanía, despojado de su significación trascendente y universal, resignificado y cargado de relatividad,  para hablar de la participación social.

La lógica jurídica del Estado que establece la igualdad formal y regula la participación política y social ha estallado en una miríada de fórmulas de participación ciudadana, cada una de las cuales  prefigura o propone su modelo de actuación e incluso de legitimación. Anclados al juego de los intereses, deseos, propósitos o necesidades particulares, la práctica de la participación ciudadana no se impone de modo automático, demandando un proceso de aprendizaje que construya el espacio de la identidad propia y la posibilidad de relación con los otros.  En este sentido, la participación ciudadana tiene como presupuesto la organización de los grupos, de manera intencional pero no necesaria o totalmente consciente, sobre la base de las identidades individuales incorporadas y los constituyentes de la identidad compartida, formando eso que Marc Augé (1993: 57-58) denomina el “lugar antropológico”  como principio de sentido para quienes lo viven.   

Un espacio de coexistencia público es presupuesto inherente al proceso de participación ciudadana, donde se forman los vínculos del grupo más allá de la esfera privada de cada uno de sus miembros, donde tiene lugar el ámbito de la comunicación y la creación de significados comunes. Debido a las posibilidades que brindan en la actualidad las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) el espacio de encuentro y subjetividades, significados y valores puede ser real o virtual, o incluso una combinación de ambos. Nosotros apostamos por esta última opción que subraya la construcción de una red tecnológica multimedia sobre la base de una red comunitaria efectivamente existente; así como la perspectiva que da prioridad a la apropiación de las tecnologías como clave para el desarrollo, y no como mero medio de comunicación.

La trama urbana que configuraron en el Renacimiento, la plaza, la iglesia y el mercado en tanto espacio concreto y práctica social del intercambio de cosas y signos, constituye aún, a pesar de la proliferación de los no-lugares (Augé, 1993) y de la virtualización creciente de las relaciones sociales,  una matriz social de la subjetividad.  Recordemos que Augé (1993: 83-84) utiliza el término no-lugares como lo opuesto al espacio configurador de identidad, coexistencia e historia; como el lugar por excelencia del anonimato, la transitoriedad, e incluso de la precariedad; si se piensa en los barrios pobres del Tercer Mundo, en las barracas miserables destinadas a desaparecer o a degradarse progresivamente, en las habitaciones de inmigrantes ilegales en tránsito hacia lo que suponen una vida mejor en el país de recepción o de vuelta a las penurias de sus países de origen. 

 

Catalina recorre el fragmento de la trama que la conduce hasta la parada del jeep. Un mercado de carnes, pollos y quesos se ha levantado hoy en la encrucijada de dos calles, obstaculizando la circulación de vehículos y retrasando la salida de los jeeps. Ella lamenta su prisa y el poco dinero que lleva porque habría podido aprovechar las ofertas del efímero y compulsivo mercado montado por el FUS y los círculos bolivarianos. Imagina el estado de suciedad que dejarán al final de la jornada y piensa en la posibilidad de empleo para Piñerúa.  En la parada coincide con Linsabel y Margarita, sirviendo la ocasión para cobrarle el dinero que le debe  por las medias que encargó y que podrá entonces utilizar para recargar su tarjeta prepago para el celular.  Margarita se queja del olor que despide el mercado provisional montado por los bolivarianos y Linsabel amenaza a las otras dos con denunciarlas por contrarrevolucionarias ante el jefe de su círculo político. El diálogo irrumpe en ofensas, descalificaciones mutuas y palabras altisonantes, mezcladas con tecnicismos como “soberano”, “democracia directa”, “sociedad civil”, “líder cívico-militar”, y citas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  Catalina no logra cobrar su dinero, comprometida como está en la “discusión” que le ha tocado emprender esa mañana.  Las mujeres han parado de insultarse por exigencia del chofer del jeep quien toma partido por Linsabel, pero rechaza el escándalo en su vehículo.  La salida es lenta y Catalina se angustia porque va retrasada al trabajo.

El jeep ha llegado a la redoma de Petare, primer punto de tránsito en el recorrido de Catalina hacia su lugar de trabajo. La redoma de Petare es el pandemonium. A un costado está el mercado municipal de Mesuca. Las aceras han sido tomadas por los buhoneros quienes se niegan a aceptar la orden del Alcalde que exige el desalojo de la zona hacia un espacio supuestamente escogido para esas actividades.  Todos los días una nueva protesta pública secuestra los escasos espacios de circulación peatonal y vehicular. Los jeeps, las busetas y los autobuses pelean sin orden ni concierto por un lugar para estacionar, se molestan entre ellos, se rozan, se golpean. El olor de las fritangas y los vapores de los perros calientes compiten en igualdad de condiciones con los olores de las aguas negras, la mierda de perros, gatos y otras especies extrañas. El sonido de los  escapes eventualmente vence a los merengues, las cumbias y los joropos, al último ritornelo de Ricky Martin, Olga Tañón o Enrique Iglesias.  Una palma  llanera sembrada en el centro de la redoma expiró hace un año, pero yace ahí como testimonio de lo que no pudo y al parecer no puede ser. Una persona es aquello que contempla, decía McLuhan.  Lo único duradero en la redoma de Petare es la precariedad y el caos, que no llega nunca a devenir orden, a contrapelo de lo que afirman los expertos en caosmosis.  El tránsito debe ser la norma de conducta porque el que permanece corre el riesgo de perder la cartera, los zapatos o el cabello.  Catalina apresura el paso y en vista del poco dinero que tiene escoge tomar un autobús. El  metro es más costoso.

 

Los lugares antropológicos, por oposición a los no-lugares  (Augé, 1993: 59-61), tienen por lo menos tres rasgos comunes: se consideran identificatorios, relacionales e históricos. Vale decir, constituyen el sitio de residencia, de destino o de pertenencia que configura la identidad individual; el sitio de coexistencia donde se produce el despliegue de posiciones y los vínculos; y el sitio de la duración que testimonia lo que perdura en la dinámica del paso del tiempo.

Acentuemos aquí la idea, señalada ya por Augé (1993: 84), que el lugar y el      no-lugar son polaridades falsas, puesto que el primero no queda completamente borrado y el segundo nunca se cumple en su totalidad.  Se trata, como esperamos haberlo recogido en el intertexto de ficción,  de un palimpsesto donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación.

 

Ya se siente cansada y aún no ha llegado al trabajo.  El autobús recorre la Avenida Francisco de Miranda a la altura de Chacao, el municipio sifrino de Caracas con sus policías bonitos y enguantados.  La feudalización de la ciudad se acentúa con el clima de pugnacidad política y la desagregación institucional. El pretendido Estado todopoderoso, dueño de la mayor riqueza del país, no tiene existencia efectiva en la microfísica institucional y administrativa que debería permitirle llegar a los habitantes. El comando de la policía no tiene teléfono porque el Ministerio no ha enviado el dinero para pagar el servicio, el ambulatorio no recibe medicinas desde hace tres meses y los médicos no cobran desde hace cuatro quincenas, la basura se acumula porque las alcaldías no reciben dinero de los situados constitucionales o porque están ocupadas conspirando u organizando comandos tácticos de la revolución.

La plaza de Altamira en el Municipio Chacao, reducto de “la sociedad civil organizada”, está tomada ese día  por partidarios de Primero Justicia, Queremos Elegir y Veedores de la UCAB, protestando la solicitud de antejuicio de mérito de tres generales rebeldes del 11 de abril.  Un coche quemado ha quedado a un costado de la plaza como monumento de las amargas horas vividas. Dentro de un mes ya no estará allí, tampoco las mesas de diálogo, las comisiones de la verdad, el arrepentimiento del presidente ni el recuerdo de los muertos. El tránsito está más lento que de costumbre y Catalina teme lo peor en su trabajo.

Piensa en la jornada que le toca  hasta la hora de dormir: regresará de prisa, a las 6 de la tarde, intentando persuadir a José (el de la bodega) para que le fíe unas presas de pollo y un paquete de harina pan. Correrá a preparar la cena y a organizar el rancho, tratando de evitar que Piñerúa se queje porque esa noche asistirá al Consejo de Desarrollo Comunitario, donde discutirán la estrategia  para lograr la aprobación de la ordenanza municipal que los sesenta representantes de la asamblea de consejos redactaron, discutieron y presentaron ante la  Cámara Municipal.  Aprovechará la hora de almuerzo en la oficina o cualquier rato de descanso a la mano para leer y estudiar los artículos 179, 180, 181, 182, 183 y 184 de su Constitución Nacional de bolsillo que, ya sabe, se refieren al poder municipal y a  la participación ciudadana .(anexo 1)

 

 

Consejos de Desarrollo Comunitario y redes tecnológicas: work in progress

 

Los Consejos de Desarrollo Comunitario (CDC) representan una experiencia nueva para el ejercicio directo de la democracia en el Municipio Sucre del Estado Miranda, impulsada por la Fundación Sucre adscrita a la Alcaldía Municipal. Con más de un año transcurrido desde que se abrieron las puertas a esta propuesta organizativa no sólo se ha generado una construcción colectiva de alternativas para solucionar los problemas comunitarios, sino que además, se ha desarrollado una apropiación sociocultural de un modo de construir públicamente una cultura política distinta, que se basa en el respeto al otro y la discusión democrática, abierta y plural.

A diferencia del esquema tradicional y fuertemente nominalista del ejercicio político institucional venezolano que empieza por sancionar la ley para posteriormente construir o imponer la práctica social, los Consejos de Desarrollo Comunitario aprendieron a organizarse y a integrarse como un ejercicio factual del debate democrático y del diálogo razonable y persuasivo. Elaboraron un proyecto de ordenanza municipal de participación ciudadana que regula el funcionamiento y las competencias de los Consejos de Desarrollo Comunitario y lo presentaron ante la Cámara del Municipio Sucre el 31 de enero del 2002. La ordenanza municipal entre otras cosas contempla la transferencia de recursos financieros a los Consejos de Desarrollo Comunitario para la consolidación de sus espacios urbanos, la promoción y desarrollo local y la creación y fortalecimiento de actividades económicas de la comunidad.

Paralelo al proceso de aprobación de la ordenanza municipal, inscrito en el marco de la conflictividad política del país y la lucha partidista por el control de las instituciones, los Consejos de Desarrollo Comunitario han empezado a percibir la importancia de desarrollar un proyecto de redes tecnológicas ciudadanas que aproveche el policentrismo y la trama urbana como plantilla física de la virtualidad.  Un criterio que ha comprendido la intención que yace tras cierta tendencia de la literatura de ciencia ficción a exponer el ciberespacio, no como un lugar alienado que sustituye el colapso de la vida urbana y la distopía social, sino como una matriz que se despliega en la familiaridad del espacio urbano y en la mundanidad del workplace.  De igual manera, esta comprensión del problema de las redes  tecnológicas ciudadanas como proceso de construcción de lugares antropológicos y ejercicio real de la participación ciudadana y los hábitos cívicos, recoge las formulaciones de autores como Howard Rheingold, Michael Gurstein y Artur Serra, quienes dan continuidad del concepto de ciudadanía en el territorio físico, así como en las redes sociales virtuales.

El objetivo es  potenciar los espacios de coexistencia, las encrucijadas y los centros de encuentro ya existentes  (bodegas, escuelas, farmacias, canchas deportivas recuperadas, parques); utilizando el apoyo y trabajo de la comunidad, para construir tecnocentros comunitarios gestionados por los Consejos de Desarrollo. La edificación del Tecnocentro se ha concebido como una interfase tecnológica que permita la resolución de las más diversas situaciones urbanas que se nos presentan al implantar la edificación de un sitio específico.  La interfase urbana surge de la idea primaria de convertir al Tecnocentro en una “puerta” o acceso a los ambientes en los cuales estén ubicados: a una chanca deportiva, a una edificación hospitalaria o de salud, al patio de una escuela, etc. (anexos 2 y 3; sólo disponibles en la versión en PDF).

Los tecnocentros permitirán el entrenamiento de la población en el manejo y la apropiación de las tecnologías digitales de la información y la comunicación (TIC), la discusión de problemas relacionados con el manejo de estas tecnologías, como el flujo libre de la información y las aplicaciones de código abierto, el desarrollo de contenidos digitales propios y las futuras posibles integraciones tecnológicas.  El tecnocentro multimedia  (telefonía fija, fax, scanners, fotocopiadoras, DVD, televisores, servicios de Internet y computadoras) además, deberá funcionar como promotor de campañas (al estilo de las campañas de vacunación) que permitan producir un censo poblacional con miras a realizar el catastro físico y jurídico de la zona, para proyectar la posibilidad del otorgamiento legal de la tierra mediante un criterio condominial o de multipropiedad que respete la intrincada trama urbana.

Con la instalación del primer tecnocentro, la Fundación Tecnohumano daría inicio en el Municipio  Sucre a la exploración de lo que se hemos denominado la ideología de Internet,[1] entendida como encarnación de la utopía ilustrada basada en la tecnología de la información, o como encarnación de la distopía global cibernética gobernada por las corporaciones que asimila Internet a los mecanismos de una gran conspiración planetaria, sea de derecha o de izquierda.

Puesto que Internet es una creación cultural, ella encarna los valores y presupuestos de sus creadores, insertados  en millones de códigos y protocolos que forman su arquitectura.   Como sostiene Castells (2001), Internet ha sido diseñada como una tecnología de comunicación interactiva con fuerte capacidad de retroacción, de manera que sus usos se plasman en su desarrollo como red y en el tipo de aplicaciones tecnológicas que van surgiendo.  Los presupuestos que constituyen la utopía ilustrada de base tecnológica pueden resumirse así: 1) La información es un valor que pertenece a todos por igual, consumidores de bits, en consecuencia, se aboga por el flujo libre de la información. 2) Los bits fluyen libremente y un bit equivale a otro bit (equivalor informacional). 3) Existe una red múltiple de computadoras que debe ser reconocida como tal, en consecuencia, se aboga por el acceso ilimitado y total a las computadoras.  4) Desconfianza en la autoridad y promoción de la descentralización burocrática e institucional. 5) Todos los seres humanos son honestos, creíbles e iguales, con idénticos derechos respecto al acceso y uso ilimitado de las computadoras (democracia informacional). 6) Las computadoras constituyen una tecnología capaz de enriquecer y mejorar la vida.

Grosso modo, estos presupuestos determinaron el diseño de la red y aunque la utopía tecnológica de la información y el acceso ilimitado no se ha realizado, continúan impulsando su arquitectura, funcionamiento y aplicaciones.  En este sentido un criterio destacado de usabilidad de la red es otorgar al usuario el poder y el control de las acciones, con miras al logro rápido y eficiente de sus propósitos. Y como sostiene el gurú de la usabilidad Jakob Nielsen (1999),  el diálogo entre el mundo real y el sistema o la aplicación que se diseña, es fundamental por cuanto permite reproducir procesos que los usuarios reconocen y realizan cotidianamente.  De esta manera, vemos que el crecimiento y desarrollo de Internet se alimenta de los procesos de uso real de la misma manera que su diseño y producción gira en torno al reconocimiento de procesos cotidianos instalados en las culturas de los usuarios respecto a procedimientos y tecnologías distintas a la red.

         Una crítica sumaria tanto de los presupuestos como del estado del arte de Internet nos permitiría concluir que: 1) No existe flujo libre de la información, no todos los seres humanos son consumidores de bits.  2) El flujo de información se cruza con flujos de mercado y otro tipo de prácticas (políticas de control y vigilancia ciudadana, etc.) que limitan y muchas veces desarticulan la posibilidad de este presupuesto. 3) Las tecnologías de la información son muchas veces percibidas como herramientas complejas y poco “amigables”, relacionadas con una fuerte educación técnica o con un sector ilustrado tecnológica y culturalmente; y como herramientas costosas, vinculadas al prestigio económico y a la riqueza. Las percepciones generales están relacionadas con una verdadera opacidad de los medios tecnológicos, y sus costos ponen en cuestión la utopía de la democracia virtual e informacional.  4) Un bit no equivale a otro bit en la medida en que ellos son transmisores de contenidos y expresiones diferentes. La perspectiva del equivalor informacional es reduccionista y meramente técnica. 5) Sustancialmente podría sostenerse que la red continúa desarrollándose con base en el presupuesto de descentralización y desconfianza en la autoridad. Como afirma Scout S. Robinson, Internet es una figura internacional aún sin dueño, donde todavía  ningún gobierno ni consorcio ejerce un control contundente. Sin embargo, la concentración de las tecnologías de punta y el mercado de servicios en los países desarrollados, sobre todo en los Estados Unidos,  con sus concentraciones de capital y procesos de fusión cada vez más acentuados, hace peligrar esta característica fundamental del dispositivo.  Recordemos que las redes de carriers troncales de la región latinoamericana están dominadas básicamente por Global Crossing y EMERGIA. 6) Está claro que las prácticas sociales y humanas no tienen un sólo sentido, por tanto ellas establecen matices distintos que otorgan diferentes sentidos a las prácticas en red, donde tienen cabida religiosos, pederastas, comunidades indígenas, globalizadores y antiglobalizadores, fascistas, comunistas, terroristas, pacifistas, etc. No todos  los seres humanos son honestos, creíbles e iguales.  Sin embargo, debe defenderse y procurarse el acceso ilimitado a la red, al cual todos por igual deberían tener derecho. 7) Distintos trabajos dirigidos a revisar la productividad en la era digital han puesto en duda el presupuesto de que las computadoras sean una tecnología capaz de enriquecer y mejorar la vida.  Las prácticas sociales diversas producen resultados diversos, y en este sentido pueden darse ejemplos tanto de enriquecimiento como de empobrecimiento de la vida a propósito del uso de las computadoras. 

Sin embargo, es evidente que las tecnologías de la información llegaron para quedarse y se trata de recursos que las comunidades pueden aprovechar a favor del mejoramiento de su vida, a favor de sus intereses y necesidades, y a favor del desarrollo de la democracia ciudadana.

La investigación que tiene por objeto la ideología de Internet, es el paso previo y exploratorio a un programa de investigación de nivel nacional que estudiará la brecha digital en Venezuela, intentando delinear los perfiles de los usuarios de TIC y determinar las causas socioeconómicas y los rasgos culturales específicos  de la divisoria digital.

No es difícil prever las dificultades con las cuales habrá de toparse el proyecto de los tecnocentros comunitarios. La experiencia de telecentros y redes tecnológicas comunitarias en América Latina, ha arrojado suficiente evidencia para afirmar que constituyen “un jardín de senderos que se bifurcan: caminos con empalmes, encrucijadas, meandros, quebradas, arroyos, que implican coyunturas, dilemas y decisiones. Un laberinto donde fácilmente podemos perder el rumbo, a veces nuestra brújula no  registra el norte, y corremos el riesgo de quedarnos atarantados ante tantas opciones, múltiples posibilidades, utopías ofrecidas en barata.” (Robinson, 2001).  

La comunidad del Municipio Sucre no es una excepción a la resistencia fundada en la desconfianza “natural” a la tecnología, en la percepción de su efecto deshumanizante o en cierto tenor ideológico, sembrado por el régimen alrededor de las corporaciones tecnológicas y sus vínculos con la globalización, el capital y el imperialismo. Aunque podríamos sostener que el venezolano se caracteriza por una rápida apropiación individual de las innovaciones tecnológicas, como parece desprenderse de la proliferación de los servicios multicanal en todos los sectores sociales y del universo amplio y creciente de usuarios de telefonía móvil.[2]  Por supuesto, la comunidad del Municipio Sucre tampoco es ajena a los problemas que comporta la adquisición de las habilidades que exige la interactividad, sobre todo tratándose de comunidades que requieren incluso alfabetización y recursos de comprensión lectora. 

Tampoco son extraños los  obstáculos  generados por las ralentizaciones económicas que han originado las diásporas e incluso el desvanecimiento de los capitales de riesgo, con la que esos mismos procesos han estimulado la concentración del mercado global y regional de proveedores de tecnología. La realidad interna, por otra parte, es de suma complejidad tanto en lo político como en lo económico, para mencionar sólo dos de los aspectos más resaltantes de la crisis venezolana.  La crisis fiscal obligará al gobierno a severos recortes presupuestarios y la retirada de las políticas públicas que implican inversiones costosas en materia social y de efectos populistas no visibles a corto plazo.  La conflictividad social acentuada está y estará permanentemente estimulada por el componente económico de la crisis, en un peligroso cruce con la violencia política organizada desde el mismo aparato del Estado.  La delincuencia agrava su estadística de crimen y violencia, y sin duda alguna, los barrios son escenarios de primera mano para la puesta en escena de tan macabras ejecutorias.

Sin embargo, el proyecto de tecnocentros comunitarios para los Consejos de Desarrollo cuenta con la ventaja de que se trata de una red ciudadana en proceso de construcción de su lugar antropológico, con un real funcionamiento en red y que ha sabido sacar provecho de la perversa repolitización del socius venezolano sobre la base del concepto de participación ciudadana y de democracia directa establecido en la constitución. 

Por otra parte, a pesar de la fuerte contracción de la economía nacional y de la crisis política por todos conocida, el sector de telecomunicaciones ha mantenido su inversión de capital con un ligero crecimiento.[3] La sinergia entre la Fundación Sucre, garante institucional de los Consejos de Desarrollo Comunitario; la Fundación Tecnohumano, dedicada profesionalmente al estudio y la difusión de los procesos tecnológicos contemporáneos e Interhosting, C.A., empresa local proveedora de servicios de red y diseño de recursos multimedia, procurará la viabilidad del proyecto y sus resultados a favor del lugar antropológico de la participación ciudadana.

 

Bibliografía:

 

Augé, Marc, 1993,  Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa

 

Castells, Manuel, 2001, Internet y sociedad: una perspectiva analítica.

Disponible en:

http://www.uoc.es/web/esp/launiversidad/inaugural01/intro_conc.html

 

Jordan, Tim, 1999, Cyberpower. The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet. New York: Routledge

 

Mandel, Michael, 2001, La depresión de Internet. Madrid: Prentice Hall

 

Molnar, Thomas, 1986, De la legitimidad, Diógenes, No. 134, verano 1986

 

Nielsen, Jacob, 1999, Designing Web Usability, New Rider Publishing

 

Rheinglod, H, 1993, The virtual community. Homesteading in the electronic frontier. Cambridge, Massachussets: MIT Press

 

Robinson, S., 2001, La  expansión de Internet en América Latina, Comunicación, No. 115,  3er. Trimestre 2001

 

Stephenson, N., 1992, Show Crash. London: Penguin

 

 

 

Anexo 1

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184)

 

Artículo 178. Es de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y

social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:

1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público.

2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.

3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos municipales.

4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.

5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar del discapacitado al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas. Servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal.

6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios.

7. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.

8. Las demás que le atribuya la Constitución y la ley.

Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a la Constitución.

 

Artículo 179. Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:

1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes.

2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística.

3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.

4. Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales

o estadales;

5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que les sean atribuidas;

6. Los demás que determine la ley.

Artículo 180. La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o

Estadal sobre determinadas materias o actividades.

Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a favor de los demás entes políticos territoriales, se extiende sólo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional o de los Estados.

 

Artículo 181. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Sólo podrán enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas señalen, conforme a esta Constitución y la legislación que se dicte para desarrollar sus principios.

Los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del Municipio, carentes de dueño o dueña, son ejidos, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, válidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana.

Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. La ley establecerá la conversión en ejidos de otras tierras públicas.

 

Artículo 182. Se crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o

Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.

Artículo 183. Los Estados y los Municipios no podrán:

1. Crear aduanas ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional.

2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio.

3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en él.

Los Estados y Municipios sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional.

Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:

1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.

2. La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.

3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.

4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.

5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas tengan participación.

6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.

7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población.